A las familias LTGB del pasado, del presente y del futuro.
Escribe: Manuel Herrera Loayza
Atrasado,
conservador y homófobo son los adjetivos que se merece el Perú, tanto el Estado
como su sociedad, cuando existe y no permite la posibilidad de atender las
justas y vigentes demandas de las personas lesbianas, transexuales,
transgénero, gays y bisexuales (LTGB) para promover, respetar, proteger y garantizar
sus derechos humanos, y, por fin, avanzar hacia el reconocimiento, el disfrute
y el ejercicio plenos de su ciudadanía.
La desigualdad, la
discriminación y la violencia homofóbicas son causa y consecuencia del atraso, del
conservadurismo y de la inercia del Estado y la sociedad peruanos en esta
materia. Este violento y deshumanizante odio hoy gana primeras planas o
titulares sensacionalistas para seguir negando derechos a la ciudadanía LTGB
peruana, con el necio y débil “sustento” de su ignorancia, sus prejuicios y su
inmenso desprecio a la y al diferente.
Sucede ahora con
ciertas reacciones a la propuesta de Carlos Bruce: la “Ley que establece la
unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo”, cuya frase “no
matrimonial” desde el título puede comprenderse como una concesión al orden
hegemónico heterosexual para poder hacer que camine; sin embargo, la histórica
discriminación deja su sello. En la propuesta, se entiende la “unión civil”
como “la unión voluntaria conformada por dos personas del mismo sexo con el fin
de establecer y garantizar derechos y deberes, el uno para con el otro” (Artículo
1º). Las o los compañeros civiles que decidan unirse y tengan viviendo en Perú por
los menos dos años antes de que soliciten su unión, quedarían inscritos en los
Registros Civiles, considerando la separación o no de sus patrimonios.
En el contexto
peruano, esta iniciativa legislativa -de ser aprobada-, puede significar un
paso importante y necesario para lograr algo de protección del Estado hacia las
parejas del mismo sexo, constituidas por personas adultas: estabilidad
emocional, financiera y psicológica; corresponsabilidad en convivencia y la
toma de decisiones; seguridad social y salud; y acceso a la nacionalidad.
Aunque muchos sabemos que la figura legal de la “unión civil”, aunque
importante, ha quedado limitada en virtud de que la apuesta actual es por el
matrimonio igualitario, sin regateos, hecho realidad ya en muchas partes del
mundo.
El matrimonio
igualitario entre personas del mismo sexo procura el goce efectivo de los
derechos a contraer matrimonio, a tener hijos o/e hijas y a conformar una
familia, en condiciones de plena igualdad que las parejas heterosexuales, con
similares oportunidades y trato digno, bajo la misma protección jurídica del Estado.
Ni más, ni menos.
En Perú, a las
parejas del mismo sexo –incluidas aquellas que hoy ya tienen y educan hijas o
hijos-, se les sigue negando el reconocimiento civil; en cambio, las parejas
heterosexuales sí tienen este derecho. A las parejas del mismo sexo no se les
permite disfrutar de sus derechos a la seguridad social, a la vivienda, a los
beneficios laborales, a la licencia por maternidad o paternidad, a los seguros
o beneficios por salud y por desempleo, a los beneficios familiares y a las pensiones,
etc. Esto perpetúa y reproduce escandalosamente la discriminación, ya que las
parejas heterosexuales sí gozan de estos derechos, y ellas no suelen ser
víctimas de violencia, asesinatos, ataques o amenazas por ser quienes son.
El odio, el rechazo, la hostilidad, la injuria y la
persecución de conocidos jerarcas católicos y de “políticos/as religiosos/as”
hacia la lucha por dignidad, iguales derechos y felicidad de la humanidad LTGB
no son novedad; sin embargo, los diversos activismos pro derechos y el propio
Estado -que se presume democrático y laico- debieran permanecer organizados y
alertas para denunciar, enfrentar y castigar esos discursos homófobos,
utilizando la normatividad nacional e internacional de derechos humanos, tan
vital y vigorosa hoy en día.
Las y los “mismos
de siempre” niegan derechos, buscan imponer su moral e insisten en estigmatizar
de manera virulenta el amor y las relaciones entre las parejas del mismo sexo
con el fin de deshumanizarlas y legitimar la discriminación, los abusos y otras
violencias. Con sus prejuicios, creencias e ideologías, atentan contra el
derecho a la igualdad y un conjunto de derechos humanos interrelacionados. La
no discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género
aplica a todos los derechos humanos garantizados en las normas internacionales,
incluidos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales,
y sexuales y reproductivos. Los principios de interdependencia e
indivisibilidad de los derechos humanos son contundentes.
En la actualidad, cotidianamente en nuestras vidas
constatamos que existen diversos tipos de familias, y sabemos muy bien que se
suele imponer un solo tipo de familia que se pretende único, basado en el
modelo heterosexual para la reproducción, pero ella no es la única. Además, hoy
somos más conscientes de que ninguna familia debe ser sometida a la
discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género de
cualquiera de sus miembros; y nadie debe negar a nadie el derecho a ejercer su
mater/paternidad.
Los derechos de las personas LTGB en general y los
derechos de las parejas del mismo sexo en particular son derechos humanos, y
las batallas por su reconocimiento legal y social continuarán,
persistentemente, porque implican un fundamental asunto de justicia, igualdad y
humanidad. Mientras tanto, enhorabuena si se sube un peldaño más en esta lucha
por igualdad plena y se logra aprobar la “unión civil”, como vía a lograrse
para el Perú actual.
Si en esta nueva oportunidad, el Estado no se atreve
a dar este paso para reconocer las relaciones entre parejas del mismo sexo,
seguirá impidiendo que haya personas que puedan tomar decisiones importantes en
nombre de sus parejas cuando ellas estén enfermas; volverá a negarles la
posibilidad de que puedan visitar a las o los hijos de sus parejas que están
hospitalizados; estará recortando los mismos derechos y obligaciones que
debieran tener las parejas del mismo sexo sobre las o los menores a su cargo;
conseguirá obstaculizar que sus parejas y sus hijos/as tengan la protección de
su seguro de salud, o que puedan recibir alguna prestación relacionada a su
empleo; y les estará impidiendo que hereden en caso de que sus parejas
fallezcan y no dejen testamento válido.
Es responsabilidad del Estado peruano (incluidos los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
respetar (no afectar ni violar) y garantizar (trabajar activamente a
favor) de los derechos humanos de todos las y los peruanos, incluidos las y los
ciudadanos LTGB. Todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos,
por eso todos las y los ciudadanos peruanos, independiente de nuestra
orientación sexual y nuestra identidad de género, tenemos derechos al
matrimonio civil, a tener hijos o hijas, y a formar una familia, en igualdad de
condiciones y oportunidades que las parejas heterosexuales, incluyendo la
adopción, la reproducción asistida, y la crianza y educación de las hijas y los
hijos.
Manuel Herrera Loayza:
Investigador social, comunicador, educador y defensor
de derechos humanos. Tiene licenciatura en Periodismo, maestría en Sociología
Política y doctorado en Estudios Latinoamericanos-Ciencias Sociales en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Colaborador e integrante del
colectivo peruano Raíz 2.0.
